1. ¿De dónde surge su necesidad?
No es lo mismo opinión pública que opinión publicitada. Pero nadie duda no ya de la influencia que la última ejerce sobre la primera, sino también de las muchas veces que intenta inducirla e incluso suplantarla.
Desde hace unos meses un mismo monotema parece haber concitado la atención -y la presión- de los mass media de nuestro país: la insistente reclamación de un Pacto de Estado que, cual milagroso bálsamo de Fierabrás, curaría todos los males que afligen a nuestro país. Entre ellos los que afectan de forma endémica a la educación.
A estas alturas, han conseguido que en todos los foros se cuele el debate acerca de la necesidad de un pacto, por diversos que sean los campos y contenidos a los que se quiere aplicar. ¿De dónde viene esta urgencia? ¿Qué intereses hay detrás?
Para los poco avisados, es preciso hacer notar que la propuesta de un Pacto Social y Político por la Educación, aunque fue el primero en salir a la palestra, no llegó en solitario. Al conjuro de la crisis, han aparecido en escena el Acuerdo Salarial (ya firmado entre patronal y sindicatos para tres años), propuestas para modificar del Sistema Público de Pensiones (a discutir en el marco del Pacto de Toledo), la Reforma Laboral (pendiente de su negociación a tres bandas: gobierno, sindicatos y patronal) y, la guinda del pastel, el Acuerdo Político para la Recuperación del Crecimiento Económico y la Creación de Empleo (en el que anda empeñado el gobierno con los grupos parlamentarios).
Todos vienen de la mano y persiguen fines análogos que se pueden resumir en uno y el mismo: imponer a la mayoría un grave retroceso en derechos, condiciones de vida y trabajo (empleo, salarios, pensiones, servicios públicos,..). No se trata de imaginaciones de izquierdistas aprensivos, no, es lo que dicen descaradamente numerosos políticos y analistas de la cosa, cuando abandonan los eufemismos demagógicos y hablan a las claras de lo que hay sobre la mesa.
Se entiende que, por parte del gobierno, exista un claro interés en tomar iniciativas que alejen la sospecha de pasividad ante los problemas acumulados y, de paso, intente “socializar” la responsabilidad para salir del atolladero. Para la oposición de derechas, la ocasión la pintan calva para insistir en la nefasta gestión del gobierno en cada uno de los temas abiertos y exigir, de cara a cualquier posible pacto, medidas que lo acerquen a su terreno, sin hurtarle al actual ejecutivo el consiguiente desgaste político. Pero, por encima de las maniobras de corto alcance, todos ellos saben que sin el apoyo de las organizaciones sociales les será muy difícil endosar al pueblo llano las agresiones anunciadas. De ahí la unanimidad en tocar a rebato, en generar una sensación de urgencia que una a tirios y troyanos bajo la invocación patriótica de la necesidad de que “todos” arrimemos el hombro. Con firma oficial o sin ella, esa es la enjundia y los efectos buscados por la llamada al pacto en sus distintas versiones.
No deja de ser curioso, sin embargo, que dentro del marco político general se empezara el melón por la educación. Y no lo es menos la confianza desplegada por el Ministro del ramo acerca de su viabilidad. Probablemente porque, pese a la carga ideológica que suele acompañar a cualquier propuesta sobre este asunto, todos los implicados saben de la vacuidad de este hipotético pacto y de su menor coste económico (un plan de financiación poco comprometido) y social (efectos a más largo plazo) frente a otros de más difícil encaje. Después de todo, las medidas planteadas no harán más que profundizar las reformas ya emprendidas y, en buena parte, ya consensuadas. Las evidentes concesiones a los tradicionales requerimientos de la derecha y, sobre todo, del sector privado (y en gran parte confesional) de la educación deberían facilitar, cuando menos y desde su punto de vista, cierto nivel de acuerdo. Y, como en el resto de pactos en ciernes, mucho nos tememos que, se llegue o no al final deseado, el “interés general” de los ciudadanos va a sufrir un nuevo varapalo. Sería de ingenuos pensar que el Pacto por la Educación, que busca explícitamente el respaldo de la derecha más reaccionaria, se mueve en otra onda y pretende, de veras, un avance significativo de la Escuela Pública y del derecho igual de todos a la educación.
2. Los motivos aireados
Los motivos expuestos para justificar la necesidad del “Pacto de Estado por la Educación” tienen escasa consistencia y resultan contradictorios con otros discursos igualmente oficiales.
De una parte, se alude a los males de nuestro sistema educativo (fracaso escolar y abandono prematuro), ciertos y graves, que en otras ocasiones, sin embargo, se minimizan, resaltando los indudables progresos respecto a tiempos pasados (y maquillando los retrocesos más recientes). Con una LOE recién estrenada e integrados a marchas forzadas en el proceso de Bolonia, no parece que el gobierno actual tuviera obligación de abordar cambios sustanciales en el marco legal para avanzar en el camino que se ha trazado y que no compartimos.
Lo único de novedoso que ha aparecido en el horizonte ha sido la tramposa perorata sobre la crisis y su solución con aquello de estoloarreglamosentretodos.org. En el caso de la educación, sobre el supuesto genérico de que la formación ha de convertirse en un instrumento esencial para salir de la crisis y cambiar el “modelo productivo” (¿?), se dice que es imprescindible aunar fuerzas y plantearse como objetivo estratégico común la superación de nuestras carencias. Pero, si los análisis son objetivos y si hay propuestas racionales de mejora (por ejemplo, mayor flexibilidad interna, atención temprana a las dificultades de aprendizaje,…), nada impide a las distintas administraciones abordar dichas carencias, si es que existe la voluntad política de hacerlo. La eficacia dependerá de lo acertado de las medidas, de cómo se llevan a la práctica y del contraste con los resultados, no de un aval formal “unitario”.
El otro manido argumento para apremiar al pacto es el de garantizar la estabilidad del sistema educativo. Y aquí es preciso desmontar ciertas falacias al uso.
En palabras de Alejandro Tiana, el Secretario de Estado para la Educación que pergeñó la LOE, en rigor, sólo ha habido a lo largo de los últimos treinta años dos leyes básicas: la LODE y la LOGSE. El resto de leyes se han reducido a continuar y desarrollar sus principios, sin querer obviar con ello el particular sesgo de cada gobierno en su interpretación e implantación.
En nuestra opinión, ambas leyes suponen un fraude a las expectativas democráticas levantadas tras la dictadura y se sitúan, siguiendo la orientación de organismos como la UE y la OCDE, en franca regresión con respecto a las conquistas logradas en los países más avanzados en la Postguerra. La LODE supuso la legalización de la doble red de enseñanza y la LOGSE una estructuración de todo el sistema educativo acorde con las exigencias “europeas”, es decir, con las corrientes neoliberales que dominaban y dominan el mundo “globalizado”: extensión de la educación obligatoria hasta los 16 años (edad laboral) desvirtuada con un menor nivel de exigencia y, por consiguiente, de formación; regulación del flujo de alumnos para adaptarlo a las “necesidades económicas”, es decir, la restricción del acceso a los niveles superiores y la desviación del flujo de alumnos hacia la FP (a lo que denominan dignificación de la misma); retroceso en la responsabilidad del Estado en cuanto a derechos y a financiación; liberalización (es decir, privatización) de la educación, como del resto de los servicios públicos, alentando una mayor desigualdad tanto en la oferta como en la demanda;
Es cierto que en los centros se ha vivido una sensación de inestabilidad pero ésta se debe a causas artificiales y se centra en aspectos secundarios (cambios arbitrarios del currículo y libros de texto, peculiares ocurrencias en cada comunidad autónoma, polémicas obtusas sobre Educación para la Ciudadanía,…). Este hecho sólo viene a subrayar el menosprecio real por la educación y la frivolidad de la que hacen gala nuestros dirigentes para recurrir, cada poco, a su utilización como instrumento privilegiado para la confrontación ideológica y política, incluso cuando las diferencias de fondo son mínimas.
El lamento por la inestabilidad del sistema educativo no deja de ser una ostentación de hipocresía, puesto que los documentos que unos y otros ponen en circulación manifiestan su acuerdo con los postulados de la OCDE y UE, que nos sitúan en el horizonte de una “reforma permanente” de la enseñanza sobre el principio de su adecuación a los continuos cambios sociales y económicos (en la misma lógica que abogan por la “formación a lo largo de la vida”).
3. No todo pacto es bueno ni deseable de por sí
En la política, como en los diferentes ámbitos sociales y personales, se puede y a veces es inevitable llegar a pactos. Incluso si éstos no pueden sino reflejar determinada correlación de fuerzas entre quienes -clases sociales, grupos o individuos con intereses encontrados- se ven obligados a establecer unos mínimos de entendimiento. El que sean aceptables por las distintas partes obviamente depende de su contenido. Desde un punto de vista democrático no lo son aquellos que imponen los intereses de una minoría sobre los de la mayoría.
En contra de lo que pueden hacer creer las trifulcas escenificadas por los partidos gobernantes, a lo largo de más de treinta años de “Transición democrática” se ha consolidado un pacto educativo tácito, que tiene muy poco de democrático y ha hecho mucho daño a la Escuela Pública. Desde hace tiempo, viene funcionando un acuerdo de hecho entre el grueso de las fuerzas políticas sobre aspectos esenciales (y negativos) de nuestro sistema educativo: la disgregación autonómica, la doble red y la “libertad de enseñanza” (que ha intensificado la fragmentación del sistema educativo), respeto a los intereses de la Iglesia (Acuerdos con la Santa Sede), los objetivos y estructura general de las enseñanzas (diversos itinerarios y niveles de calidad en la educación obligatoria, orientación masiva hacia la FP, aceptación del plan de Bolonia,…).
¿Por qué, de repente, tanto interés en llegar a un pacto explícito? Y aún más ¿de dónde viene dotarlo de tal rigidez que lo haga prácticamente inamovible, afectando a elementos fundamentales tan peligrosos como los arriba señalados y a un sinfín de otros más contingentes y perecederos ?
Legislar y gobernar mediante pactos de unanimidad no es un principio político, ni frecuente en el juego democrático. A excepción de la Constitución (que exige 2/3 de las Cortes para su ratificación o modificación), basta la mayoría absoluta para la aprobación de leyes orgánicas sobre derechos fundamentales. Resultan exageradas, por tanto, las pretensiones del Sr. Gabilondo de conseguir un mayor consenso para este pacto (2/3 de parlamentarios y grupos). Lo normal es que un gobierno lleve adelante su programa con una mayoría suficiente: es el compromiso contraído con sus votantes. Si todo debiera ser pactado con la oposición se defraudaría a la mayoría, abocándonos a la parálisis o a la prevalencia de los intereses de la minoría. En una democracia, no tiene sentido dejar de hacer lo que procede por miedo a que en el futuro pueda ser revertido. Si un gobierno avanza en conquistas sociales, más difícil será que otro las eche atrás y tenemos ejemplos (caso de la ley del aborto, entre otras). Las medidas que realmente fueran en dirección a reconstruir una Escuela pública, gratuita y laica de calidad para todos encontrarían, sin duda, respaldo social y profesional. Otra cosa muy distinta es la voluntad política y la dirección en que quiere caminar el actual gobierno.
4. Conclusión
No estamos, por principio, contra todos los pactos. Son positivos cuando las fuerzas políticas se ven obligadas a ellos sobre el empuje de la mayoría social y suponen nuevas conquistas democráticas. No es el caso del pacto que se plantea. A nuestros ojos, se trata de un ejemplo más del oportunismo político y de la ligereza con la que los dirigentes políticos de uno y otro signo abordan un asunto tan serio como la educación. En condiciones de suma debilidad, el gobierno parece buscar como sea cualquier balón de oxígeno, cediendo terreno a la oposición de derechas. Ni de las propuestas formuladas ni de la presunta firma de un futuro pacto cabe esperar el fortalecimiento de la Escuela Pública, sino mayores concesiones a la privatización, a una mayor desigualdad y diferenciación del mercado educativo, a la confesionalidad y segregación ideológica, a la limitación de los niveles educativos accesibles para la mayoría.
En nuestra opinión, el pacto que hoy tenemos delante no es necesario, ni oportuno, ni conveniente para la recuperación y mejora de la enseñanza pública. Supondrá un nuevo retroceso, allanará aún más el camino a la reacción obcecada en el desmantelamiento del sistema público de enseñanza (a lo que nunca renunciará) y hará más difícil la lucha de los sectores comprometidos en reconstruir una educación pública, democrática, gratuita y laica. Lo que nuestro sistema educativo necesita no es un pacto, sino la valentía de un gobierno, aupado con el voto de los ciudadanos, para cambiar la política educativa seguida hasta el presente y reorientarla a favor de la mayoría social. Nuestra pregunta es: ¿existe tal voluntad?
Marzo de 2010
Colectivo Baltasar Gracián